El delito de trata de personas implica una grave violación a los derechos humanos, que no afecta únicamente a las víctimas directas, sino también a sus familias y comunidades, por constituir una práctica que atenta contra la libertad, dignidad y violenta los derechos humanos de las personas.
El Estado de Guatemala por medio de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET- presenta el Informe de Estado sobre Trata de Personas con Acciones de Seguimiento, Atención y Cumplimiento a las Recomendaciones Nacionales e Internacionales, evidenciando los esfuerzos que se realizan en coordinación interinstitucional a nivel nacional.
En el referido Informe se han hecho públicas las acciones que a nivel nacional se han desarrollado en la materia, por diferentes actores y sectores que tienen el mandato de trabajar en el abordaje de la Trata de Personas, para la prevención, atención, persecución, sanción y fortalecimiento en Guatemala. El informe que se presenta tiene como objetivo socializar, visibilizar e informar las acciones que el Estado de Guatemala ha realizado durante el período enero 2019 a mayo 2020 sobre el delito de trata de personas, respondiendo a convenios, acuerdos o instrumentos suscritos a si como a recomendaciones emitidas por las instancias competentes.
El informe del Estado de Guatemala constituye un acto de reconocimiento de los avances que se han logrado como país, así como los esfuerzos y acciones en los cuales el Estado de Guatemala debe avanzar.
Durante la presentación del Informe, la Secretaria Ejecutiva de la SVET, Licenciada Sandy Recinos manifestó: “Se ratifica el compromiso a la lucha incansable en el combate a este flagelo, realizando las acciones necesarias para prevenir y atender a las víctimas, como perseguir y castigar a los victimarios”
La trata de personas registra casos tanto en Guatemala como en las fronteras del país y requiere la participación activa de todos los sectores, así como la asignación de recursos humanos y financieros que permitan alcanzar a toda la población, tomando en cuenta el género, la diversidad culturar y étnica, la edad, el idioma y factores de vulnerabilidad de cada región del país.
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